La minera Glencore enfrenta oposición en Perú

Copper -central dedicada a proveer electricidad para el uso doméstico e industrial- es el principal destino de los amplios esfuerzos que realiza la mina.

Oro, plata y minerales como el molibdeno, utilizado en aleaciones de acero, también se extraen de las minas de Antapaccay y Tintaya.

A los pobladores les preocupa que la nueva mina genere más polvo irritante y aumente la contaminación del escaso flujo de agua actual. Algunas comunidades están adoptando un enfoque pragmático; solicitan que se les compense con mejores infraestructuras y servicios.

Andrés Aventino vive en Tintaya Marquiri, pueblo a unos cuantos metros de la entrada de la mina. De pie, cerca de la tumba de su tía que murió hace poco de un cáncer de riñón, quiere enviar un mensaje directamente a Ivan Glasenberg, director de Glencore.

“Su administración y directores en Tintaya y Antapaccay no prestan atención a los residentes locales. No nos escuchan. Tengo muchas preguntas, pero no hay respuestas”, dice.

Aventino sostiene documentos que muestran su título de propiedad y explica que cuanto más cerca vive la gente de las dos minas, más presión recibe para vender su tierra a la empresa a precios injustos. Algunos de los que aceptan vender reciben una oferta de empleo a cambio, pero deben mantener todo bajo acuerdos estrictamente confidenciales, añade.

Aventino propone que a los indígenas propietarios se les otorgue el estatus de accionistas de Glencore porque, en su opinión, esto resolvería muchos problemas entre las comunidades y la mina.

Mientras tanto, los planes para la mina más reciente, Coroccohuayco, siguen su curso. Glencore presentó una evaluación de impacto ambiental (EIA) al gobierno peruano y se cree que el proyecto será aprobado. La EIA se basa en una selección de estudios encargados por la multinacional suiza.

Al final, se espera que Coroccohuayco ocupe más de 10 000 hectáreas de tierra. La comunidad que se vería más afectada con esta expansión de Glencore solicitó que los planes previstos se presenten y debatan en público.

"El gobierno funciona de tal forma que el estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco será aprobado antes de que exista una consulta previa en la región”, denuncia Leonidas Wiener, especialista legal de CooperAcción, una organización que ayuda a defender los derechos indígenas.

Miguel Kuzma, del Ministerio de Energía y Minería del Perú, explicó a los presidentes de la comunidad que si la consulta no se ha hecho es porque la concesión minera se otorgó antes de que Perú introdujera una legislación sobre consultas previas.

“Usted viene aquí como si fuera abogado de la empresa. ¿Dónde está el Estado de derecho?”, cuestiona Felipe Cana, presidente del pueblo aledaño de Pacopata, mientras habla sobre la presentación que hicieron Kuzma y otros funcionarios públicos.

Varias personas resultaron heridas cuando la comunidad indígena de Alto Huarca se enfrentó a la policía para reclamar sus tierras en abril de 2018. Alrededor de 40 policías habían intentado desplazar familias en un área que, según Glencore, es de su propiedad, informaron los medios locales y Multiwatch Switzerland. Los pobladores estaban molestos por la falta de consulta y compensación financiera.

En su primer Informe sobre los Derechos Humanos publicado este año, Glencore afirmó que ya inició una "revisión independiente de los eventos en Antapaccay" en 2018, que determinará si el equipo de seguridad de la empresa "se comportó de manera inconsistente con nuestro Código de Conducta, y Políticas y Capacitación en Seguridad y Derechos Humanos”, en cuyo caso “se tomarán las acciones pertinentes”.

Glencore habló con swissinfo.ch al respecto y dijo: “Una familia invadió la tierra de Antapaccay y arrojó piedras al personal y al equipo de seguridad de la mina. Antapaccay contactó a la Fiscalía en Espinar, que solicitó que la policía local atendiera la situación y ayudara a restablecer el orden".